terça-feira, 26 de janeiro de 2016

Repaso, ao fío da sentenza do Tribunal Supremo de 26.1.2016, da Sentenza da Audiencia Provincial de 2013

La, no por esperada, satisfactoria sentencia del Prestige
Comentario publicado como parte do capítulo da miña autoría en LÓPEZ RAMÓN, F. (dir.), Observatorio de Políticas Ambientales 2014, Aranzadi

Sin duda la Sentencia de 13 de noviembre de 2013 de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 1ª, Ponente: Juan Luis Pía Iglesias, ROJ: SAP C 2641/2013) http://tinyurl.com/qheyzfh) en el juicio penal por el hundimiento del Prestige es la sentencia del año en Galicia.  Exactamente once años después de que el Prestige lanzara su Mayday frente a las costas gallegas en 2002 se ponía punto y seguido a un larguísimo proceso judicial plagado de incidencias y con complejas ramificaciones.  Ya se han anunciado recursos de casación por parte de la Avogacía del Estado, la Fiscalía, la Xunta de Galicia, los Departamentos franceses personados y el movimiento ciudadano Nunca Máis, entre otros, lo que es indicativo de la insatisfacción general con la sentencia.  En resumen, la sentencia traslada un mensaje de impunidad o, cuando menos, de ausencia de mecanismos efectivos de exigencia de responsabilidad ambiental al absolver a todos los acusados de los delitos ambientales imputados y tan sólo condenar por un delito de resistencia a la autoridad al capitán.
La sentencia exculpa de delito ecológico a las tres persoas imputadas y presentes en el juicio, Apostolos Mangouras, capitán del buque, López Sors, Director General de la Marina Mercante en aquel momento y al jefe de máquinas.
Curiosamente después de un relato de hechos en los que se habla de una gestión “difusa y confusa” del salvamento[1], en la que se apunta a la responsabilidad de cargos de la Administración jerárquicamente superiores a López Sors, en la que se obvia la propia declaración en juicio de López Sors indicando que tomara la decisión de alejar el buque después de un simple asesoramiento telefónico apenas dos horas después de comenzar a gestionar el salvamento, omitiendo por tanto los protocolos fijados por el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (Orden comunicada de 23 de febrero de 2001), el tribunal se escuda en la contradición entre las pruebas periciales y la aceptación de que se produjo algún asesoramiento para cerrar en falso el juicio más importante por delito ecológico de los últimos años. 
“Se aplicó el plan de emergencia, aunque el número de miembros fue superior al previsto y no se constituyó formalmente el comité técnico asesor, lo cual puede criticarse como falta de rigor en la gestión administrativa y formal de la crisis, sin que se haya demostrado que eso tuviese incidencia alguna en el agravamiento de lo sucedido ni en las decisiones tomadas para solucionar la situación de grave riesgo que se produjo.
Eso sí, todo indica que en ese marco difuso de gestión administrativa por lo menos heterodoxa, el núcleo duro de las decisiones se trasladó a muy pocas personas que fueron las que más directamente intervinieron en la gestión, lo cual desdice de la exigible adecuación de las reacciones oficiales en casos de emergencia, pero tampoco eso influyó negativamente en las decisiones adoptadas y llevadas a cabo, salvo que se pretenda sostener que un organismo gestor y asesor, constituido de acuerdo con todos los requisitos ad hoc hubiera adoptado otras decisiones con mejor criterio, cual aún hoy no puede sostenerse después de multitud de análisis, opiniones y debates que ni tan siquiera han permitido que podamos saber cuál es la decisión correcta que haya de tomarse si, por desgracia, volviera a producirse un evento semejante al de los hechos que ahora se enjuician.”

La existencia o no de imprudencia grave era la piedra angular de este juicio.  La Audiencia provincial a la vista de la instrucción practicada no la aprecia ni en la conducta del responsable político ni en los responsables del buque.  En el primer caso los claros incumplimientos del deber de asesoramiento en la adopción de decisiones, de constitución de los organismos de mando frente a la contingencia o de corrección de las decisiones iniciales a la vista de la evolución de los acontecimientos no son elementos que la sentencia aprecie.  En relación con el capitán y el jefe de máquinas se considera que su participación inicial en los acontecimientos tan sólo merecen una condena por desobediencia del capitán por la tardanza en dar remolque a los equipos de salvamento.
Las consecuencias inmediatas de la absolución por delito ecológico son graves.  Por un lado se manda un mensaje de impunidad total para las empresas armadoras en relación con el estado de los buques que fletan. El tribunal considera que ni el armador ni el capitán podían apreciar con su conocimiento técnico-profesional las deficiencias del buque. La sentencia insiste en la eventual responsabilidad exclusiva de ABS -la empresa encargada de la inspección del buque- en relación con el calamitoso estado del Prestige.  La no imputabilidad de personas jurídicas de acuerdo con el Código Penal vigente en 2002 hace que en el banco dos acusados no se haya sentado la única responsable clara a la que la sentencia parece apuntar con claridad que sería ABS, encargada de vigilar el mantenimiento.  Tampoco ninguno de sus representantes legales al haberse aceptado en la fase de instrucción los recursos de la Abogacía del Estado frente al intento de imputación emprendido por Nunca Máis. Hay que recordar que en ese momento el Estado español estaba jugando la baza de perseguir a ABS ante los tribunales estadounidenses que terminó con un ruinoso y carísimo fracaso (36 millones de euros de gastos).
Esta absolución abre también las puertas a la devolución a la aseguradora de la armadora de los 22 millones de euros que había consignado, y daba por perdidos, para pagar posibles responsabilidades.  De este modo todas las indemnizaciones y la reparación del daño ambiental realizados en su día que superen la cuantía limitada de los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (FIDAC) van a correr a cargo de las arcas públicas.
“6) La responsabilidad civil exigible no puede referirse a las graves consecuencias económicas del vertido de fuel del Prestige, ex arts. 109 , 110 , 116 y concordantes del C. Penal , como se deduce del tenor literal de esos preceptos cuando se refieren a daños y perjuicios causados por el hecho o a la necesidad de que los daños y perjuicios se deriven del delito, de modo que si sólo se considera acreditado el delito de desobediencia, del mismo no se deriva o con el mismo no se han causado los daños y perjuicios derivados del vertido del Prestige, con independencia de la en buena parte cumplida acreditación de ingentes daños y perjuicios, en los términos en que se han declarado acreditados, lo que exige concretar los criterios ad hoc en los siguientes términos:
El M. Fiscal, ateniéndose al criterio de sus propios peritos solicita que se indemnice al Estado español en 1.974, 54 millones de euros de los que 1.000,63 corresponden a Galicia, a Entidades y particulares españoles en 172.865.003,62 euros y al Estado francés y entidades francesas en 86.361.254,55 euros
La Abogacía del Estado (Acusación) solicita que se indemnice al Estado en 2.152.000.000 de euros más intereses, es decir lo reclamado por el M. Fiscal, los gastos acreditados por los peritos del Consorcio con correcciones del FIDAC sobre todo en relación a Hacienda, es decir, 811.812.000 de euros y 2.213.000 de daño ambiental.
Las demás partes perjudicadas han solicitado diversas sumas con un apoyo documental y/o pericial variado que ha sido discutido en juicio sobre todo por el FIDAC”.
 
Por otro lado las partes personadas que hubieran decidido esperar para el cobro de las indemnizaciones, al no aceptar la renuncia a exigir responsabilidades a las que obligaba la norma aprobada en su día por el gobierno de Aznar, ven truncadas sus posibilidades de resarcimiento[2].





[1]SAP 13.11.2013: “Se aplicó el plan de emergencia, aunque el número de miembros fue superior al previsto y no se constituyó formalmente el comité técnico asesor, lo cual puede criticarse como falta de rigor en la gestión administrativa y formal de la crisis, sin que se haya demostrado que eso tuviese incidencia alguna en el agravamiento de lo sucedido ni en las decisiones tomadas para solucionar la situación de grave riesgo que se produjo.
Eso sí, todo indica que en ese marco difuso de gestión administrativa por lo menos heterodoxa, el núcleo duro de las decisiones se trasladó a muy pocas personas que fueron las que más directamente intervinieron en la gestión, lo cual desdice de la exigible adecuación de las reacciones oficiales en casos de emergencia, pero tampoco eso influyó negativamente en las decisiones adoptadas y llevadas a cabo, salvo que se pretenda sostener que un organismo gestor y asesor, constituido de acuerdo con todos los requisitos ad hoc hubiera adoptado otras decisiones con mejor criterio, cual aún hoy no puede sostenerse después de multitud de análisis, opiniones y debates que ni tan siquiera han permitido que podamos saber cuál es la decisión correcta que haya de tomarse si, por desgracia, volviera a producirse un evento semejante al de los hechos que ahora se enjuician.”
[2] Sobre esta cuestión vid. García Rubio, M.P., “El caso "Prestige": legalidad, oportunidad y eficacia de la solución transacional” en ALVAREZ GONZÁLEZ, S., GARCÍA RUBIO, M.P., La responsabilidad por los daños causados por el hundimiento del Prestige / 2007, IUSTEL, págs. 199-224

quinta-feira, 21 de janeiro de 2016

Valoración de urxencia e resumo do cuarto informe de seguimento do Comité de Expertos da CELRM para GZ



A publicación do Cuarto informe do Comité de Expertos sobre o cumprimento dos compromisos ratificados polo Reino de España case por unanimidade dos deputados do Congreso en 2001, mostra unha vez máis a asimetría entre os compromisos adquiridos e o cumprimento. Reitéranse advertencias sobre incumprimentos xa sinalados nos tres anteriores informes e, de xeito moi singular, as referidas á inexistencia de inmersión lingüística no ensino infantil, primario e secundario e á imposibilidade da xustiza ser administrada en galego.
Non son novas estas advertencias e as dos outros ámbitos de aplicación da Carta e revelan unha ratificación puramente propagandística, ou cun descoñecemento profundo do seu alcance, sen vontade real de cumplilo. Non obstante, a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias ao incorporar este mecanismo de seguemento permite apreciar a inacción e falta de vontade política para protexer as linguas e os dereitos lingüísticos dos falantes.  
Hai que lembrar que unha vez ratificada a CELRM convírtese en parte do noso ordenamento xurídico, sendo por tanto de obrigado cumprimento e aplicación polos tribunais, coa particularidade de que é unha norma que non pode ser modificada ou devaluada polos órganos lexislativos (estatais, autonómicos ou locais) internos.  Cómpre pois que a cidadanía exixa os dereitos e a acción pública de protección que se deriva da Carta e cómpre ensaiar fórmulas novas de activismo lingüístico para os facer valer.

Cuarto Informe de seguimento do Comité de Expertos da Carta Europea de Linguas  Rexionais e Minoritaria
Resumo das conclusións sobre o cumprimento dos compromisos para o galego en Galiza e nos territorios nos que se fala fóra de Galiza

O galego fóra de Galiza

O informe sinala a falta de información sobre o galego en Asturias, Castela-León e Extremadura, constata un descenso dos falantes galegos en Asturias e demanda a necesidade de acción resolta para frear a situación do galego nestas tres comunidades autónomas.

O comité de expertos percibe unha falta de visibilidade das linguas propias fóra dos seus territorios e recomenda elevar a concienciación sobre a pluralidade lingüística nas comunidades monolingües. Igualmente recomenda unha acción decidida para promover esa visibilidade a través do ensino e os medios de comunicación.

Educación

O Comité sinala que a lexislación educativa galega está claramente en contradicción cos obxectivos ratificados e indica que se debe facilitar ensinanza en galego (inmersión) para todos os niveis educativos polo que considera incumpridos os compromisos adquiridos.  Tamén sinala que hai un incumprimento no compromiso de poñer en marcha un órgano para avaliar o cumprimento e realizar informes de seguimento do cumprimento da Carta na educación.

Xustiza

No ámbito da xustiza as advertencias sobre os coñecidos problemas tanto na celebración dos propios xuizos, como na plataforma informática son obxecto de atención polo comité de expertos que realizar varias advertencias coincidentes en parte coas xerais que fai o Consello de Ministros ao Reino de España. Ínstanse a Enmendar o marco normativo vixente co obxecto de que sexa claro que os órganos xudiciais penais, civis e administrativos nas Comunidades Autónomas poden levar os procedementos xudiciais nas linguas co-oficiais pola petición de unha das partes e tamén se chama a atención de que as partes deben ser informadas específicamente sobre os seus dereitos lingüísticos aos xuizos seren celebrados en galego se tan só unha das partes asi o solicita.  Tamén se recomenda incrementar a proporción de xuices e fiscais competentes en galego e adoptar medidas de formación lingüística do persoal xudicial e os avogados.  Advirte igualmente do incumprimento parcial do compromiso de dispor en galego da lexislación vixente.

Administración e servizos públicos

No que atinxe ás Administracións e servizos públicos o informe do comité de expertos sinala que seguen rexistrándose incumprimentos singularmente na existencia de documentos e impresos comúns (Axencia tributaria...), tamén incumprimentos parciais na atención ao público.  Igualmente solicita información sobre o peche de servizos de normalización lingüística municipais.  Faise eco do descenso do uso da lingua nos servizos públicos como consecuencia da privatización e do escaso uso nos que dependen do estado polo que entende que ese obxectivo está só parcialmente cumprido.  Curiosamente considera cumprido o obxectivo relacionado coa tradución sinaladamente das páxinas webs dos ministerios.  Con respecto ao adestramento e contratación de empregados públicos considera cumprido o obxectivo para os autonómicos e parcialmente para os estatais.

Medios de comunicación

Os medios de comunicación foran obxecto dun duro tratamento no terceiro informe. Nos radiofónicos o nacemento dalgúns medios novos e a existencia doutros cunha certa audiencia (Radio Fene, Radio Estrada and Radio Oleiros) leva aos expertos a considerar que hai un cumprimento parcial do compromiso.  Esa mesma conclusión é a que se dá nos medios televisivos.  Nos medios escritos constátanse os cambios no sector e saúdase a existencia de medios dixitais en galego ou a posibilidade dos medios en castelán contar con ferramentas de tradución mais aconsella explorar a posibilidade dun medio escrito.  No que respecta ao intercambio de produtos informativos con Portugal o comité de expertos sinala que lle falta información, indica que no próximo informe debe proporcionárselle e aconsella ás autoridades que impulsen activamente a posibilidade da televisión e radio portuguesas seren recibidas en Galiza.

Actividades culturais

En xeral os compromisos en materia de cultura considéranse cumpridos malia os recortes experimentados nas partidas orzamentarias.

Vida social e económica

A situación no sector financeiro é ao xuizo dos expertos dun cumprimento parcial da obriga de dispor da documentación usual e poder realizar as transaccións en galego.  A actividade de promoción do galego no sector público económico considera que cumpre cos compromisos da Carta.  En canto á atención en galego na sanidade e servizos sociais o comité de expertos insta ás autoridades a que se ofreza a posibilidade das persoas ser atendidas en galego.  Polo que respecta á información e advertencias de seguridade existentes en obras, edificios, etc. o comité entende que se incumpre a obriga de que esa información se proporcione en galego.

Informes transfronteirizos

Os compromisos en materia transfronteiriza consideráse cumpridos.

Como conclusións finais o comité de expertos considera que:

Galego en Galiza

"A lingua ten unha presenza xeralizada na vida pública incluída a administración autonómica e local. No ámbito da educación o comité de expertos está preocupado pola redución gradual do ensino en galego. Coa introdución do modelo trilingüe, a proporción de ensino en galego reduciuse na educación primaria e secundaria. Os problemas persisten nos procesos xudiciais e hai unha oferta insuficiente de programas en galego nas televisións privadas".

Galego-asturiano en Asturias
"As autoridades emprenderon un grupo de medidas para mellorar a lingua, incluindo o recoñecemento da súa identidade distintiva. Ofréncense clases de asturiano como materia no ensino. Debería facerse unha distinción clara entre o Galego e o Asturiano no próximo informe periódico".

Galego en Castela-León
"Aínda que a lingua ten unha certa presenza no sistema eductivo, necesita ser reforzada. Precísanse máis medidas para promover o galego nos medios e en xeral na vida pública".

Galego en Extremadura
"A lingua non está recoñecida como unha lingua minoritaria. Non se experimentaron progresos na protección e promoción da lingua de acordo coa Carta".


DURAS RECOMENDACIÓNS POLOS INCUMPRIMENTOS DA CARTA EUROPEA DE LINGUAS REXIONAIS E MINORITARIAS

O Consello de Europa acaba de publicar o seu cuarto Informe de seguimento do cumprimento da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias. Con este informe o Consello de Europa realiza unha avaliación periódica -neste caso con retraso polas presións do goberno español para non ser publicado en periodo pre-electoral- do cumprimento dos obxectivos que o Reino de España se comprometera a asumir ao ratificar este tratado internacional. Como conclusións do informe que fai o Comité de expertos o Consello de Ministros pacta unhas recomendacións
As seis recomendacións que se lle efectúan ás autoridades españolas (estatais, autonómicas e locais) son as seguintes: 
 1. Enmendar o marco normativo vixente co obxecto de que sexa claro que os órganos xudiciais penais, civis e administrativos nas Comunidades Autónomas poden levar os procedementos xudiciais nas linguas co-oficiais pola petición de unha das partes. 
 2. Continuar implementando as medidas legais e prácticas para que asegurar que unha parte axeitada do persoal xudicial que traballa nas Comunidades Autónomas que ten que aplicar o artigo 9 da Carta ten un coñecemento suficiente das linguas comprendidas. 
 3. Continuar implementando as medidas legais e prácticas dirixidas a asegurar unha presenza axeitada das linguas co-oficiais na Administración estatal nas Comunidades Autónomas. 
 4. Continuar implementando medidas para asegurar a presenza das linguas co-oficiais nos servizos públicos, especialmente nos servizos de saúde. 
 5. Continuar asegurando que a oferta de educación trilingue non afecta de forma negativa á protección das linguas rexionais ou minoritarias. 
 6. Considerar a extensión do recoñecemento das linguas rexionais ou minoritarias con recoñecemento de oficialidade en seis Comunidades Autónomas a outras Comunidades Autónomas sempre que nelas haxa un nivel suficiente de falantes.

Duras recomendacións que veñen insistir en incumprimentos xa sinalados en informes anteriores. As recomendacións concéntranse esencialmente nos incumprimentos que debe corrixir o goberno central mais o informe dos expertos desenvolve polo miudo conclusións igualmente negativas sobre a situación de cada unha das linguas protexidas nos ámbitos (ensino, xustiza, servizos públicos, medios de comunicación...) obxecto da Carta.


quarta-feira, 1 de julho de 2015

Negra sombra para as universidades públicas galegas



86 millóns de euros menos de financiamento das universidades en tan só cinco anos é o balance dos mandatos negros de Feijóo ao frente da Xunta no que a Universidade, tamén, soportou duros recortes. Ao recorte orzamentario uniuse unha intensísima intervención que pon en cuestión a autonomía universitaria para decidir onde e como realizar os axustes precisos e impide –mesmo dispoñendo de fondos- adoptar decisións de persoal sen a autorización da Xunta de Galicia.

O balance da insuficiencia orzamentaria deixa un panorama desolador. Hai 350 postos de traballo menos, nunha espiral de falta de renovación e promoción que pon en risco a continuidade de titulacións e a da actividade investigadora.  Suspéndese a impartición de mestrados; asígnase a docencia de materias a áreas afíns seguindo a estela comezada en secundaria e coa gravidade engadida que iso supón nun nivel de ensino superior; amoréanse estudantes para as prácticas...A calidade docente está resentíndose progresivamente debido á redución de profesorado e as universidades galegas xa son as segundas do estado co PDI (persoal docente e investigador) máis envellecido.  Un alarmante dato que leva a que en Galiza haxa tan só 35 PDI de menos de 30 anos e 845 de máis de 60. A precariedade e a ausencia de renovación son a consecuencia da taxa de reposición de efectivos que se lle impón ás administracións na lei de orzamentos do estado e os recortes.

E para rematar ese negro debuxo os 11 millóns de recortes só en nóminas que levou a cabo, por exemplo, a USC en tan só tres anos son un aforro que, no caso das universidades, nin sequera revirte en pagar a súa débeda. A Xunta nin llo ingresa nin o computa como diminución da débeda das universidades.

Galicia perdeu tamén 1287 investigadores/as entre 2010 e 2013. Nun país que a maioría da I+D se fai nas universidades públicas, a acción combinada do recorte de fondos, a non convocatoria de programas de I+D (proxectos, bolsas, contratos pre e postdoutorais...) e a inexistencia dunha liña política de impulso claro da investigación provocou unha perda de capacidade investigadora moi relevante.  Entre 2008 e 2013 (datos do INE) a baixada no investimento en I+D foi dun 20% (116 millóns de euros) en Galicia, case doblando a baixada no estado que foi dun 11%. Pasamos do posto 7 ao 11 en gasto en I+D.  Unha cuestión que é destacabel para analizar as cifras de I+D que se incluen anualmente no orzamento estatal é que nos últimos anos aproximadamente dous tercios son créditos, que hai que devolver, e só un tercio subvencións a fondo perdido. A dificultade para conseguir fondos por outras vías para poder afrontar as devolucións levan a que en torno a un 46% quede sen executar.

O estudantado atopa unha universidade que coa implantación de Boloña ofrece un ano menos de estudos (20% menos de formación) e co novo Decreto Wert 3+2 pretende reducir aínda a máis a cualificación dos estudantes (25% menos).  A crise e a diminución da duración das titulacións provocaron que as universidades galegas perderan 5053 estudantes (-7,26%) desde o curso 2009/10. A mala xestión ante o ministerio fixo tamén que Galiza perdera o 17,7% das bolsas de mobilidade ERASMUS en 2013/14 (a media estatal foi do -7% sendo GZ a que máis perda sofreu).

A folla de ruta do Partido Popular coas universidades públicas está clara. Primeiro unha estratexia de degradación mediante a asfixia orzamentaria, o empeoramento das condicións laborais e a ausencia de renovación. Iso acompáñase dunha suba de taxas aos estudantes que tende a equiparar as públicas e as privadas nun dos factores que dificultan a súa competencia polos estudantes.  Tamén dunha flexibilización dos requisitos para a creación de centros e universidades. E uns plans de estudos cunha nova estrutura, 3+2, na que tamén as universidades privadas poden posicionarse, especialmente para atraer ao alumnado de mestrado. Ese camiño xa se abriu de forma decidida. Dende 2001 creáronse 14 universidades privadas. No curso 2005-2006 as universidades privadas tiñan o 9,6% do estudantado e no curso 2012-2013 xa teñen o 12,8 %. As universidades privadas alcanzan o 27,9% dos matriculados en mestrados no curso 2012-2013. 


O recorte orzamentario non é pois máis que unha peza necesaria e importante para avanzar na privatización do ensino superior.  Un obxectivo enunciado polos think tanks conservadores, a OCDE e os altos cargos ministeriais sen rubor ningún.  Un obxectivo que en Galiza está colocando ás universidades públicas, á docencia e á investigación ao borde do colapso.

semanario SERMOS Galiza nº151, xuño 2015